Medidas para recuperar el orden en el sistema carcelario

Este martes, Julissa Villanueva, interventora del sistema carcelario, anunció la puesta en marcha de un decálogo de medidas para iniciar la recuperación de la gobernabilidad en las cárceles.

La doctora Julissa Villanueva fue nombrada por la presidenta Xiomara Castro para liderar la recuperación del sistema penitenciario hondureño, después de las reyertas simultáneas que se registraron en las principales cuatro cárceles del país el pasado 8 de abril. Durante su exposición, afirmó que su enfoque no sería confrontar a los reclusos, sino abordar la corrupción y el delito. Asimismo, destacó que su equipo multidisciplinario incluye a la Policía Nacional, la Corte Suprema de Justicia, el Poder Legislativo, Conatel y Hondutel, quienes trabajarán juntos para lograr el ordenamiento del Sistema Penitenciario.

La interventora, ha anunciado que las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP) nombradas temporalmente esta semana se someterán a pruebas de confianza. Además, enfatizó que, aunque ha presentado un decálogo de medidas, hay otras acciones que no se pueden revelar debido a su naturaleza en el proceso de intervención del sistema penitenciario de Honduras.

Durante su exposición, Villanueva explicó que las cámaras de seguridad en el interior de los recintos penitenciarios fueron destruidas por los propios privados de libertad, quienes controlan las cárceles de Honduras a su antojo. Villanueva subrayó que el gobierno debe tomar decisiones y comprometerse a buscar soluciones para hacer los cambios necesarios en el sistema penitenciario.

Además, identificó al crimen organizado carcelario militar como los miembros retirados de las fuerzas de seguridad que usan sus conexiones de formación para controlar la economía y muchas actividades en las prisiones. Finalmente, destacó que la “mano dura” que anunció la presidenta Xiomara Castro tiene como objetivo luchar contra la corrupción y el crimen organizado que han manejado las cárceles en Honduras.

Villanueva ha anunciado un decálogo de medidas para recuperar la gobernabilidad del sistema penitenciario hondureño. En su exposición, ha dejado claro que los nombramientos en el Instituto Nacional Penitenciario (INP) son temporales y que los que integren ese instituto deberán pasar pruebas de confianza bajo una auditoría pormenorizada.

Entre las medidas destacan: el desarme real a través de registros manuales y electrónicos, permanentes en el 100% de las instalaciones físicas; el bloqueo total de la señal telefónica para los detenidos e intervención autorizada de las líneas oficiales para el registro de las comunicaciones internas y externas; la remoción y depuración del personal penitenciario a través de evaluaciones y pruebas de confianza, empezando por los directores de los recintos carcelarios de Támara, Morocelí, Ilama y El Porvenir; y la instalación de tecnología y sistemas de monitoreo y vigilancia electrónica con control central las 24 horas del día. Estas medidas se llevarán a cabo con una millonaria inversión y el apoyo de la cooperación internacional.

Las medidas anunciadas por la interventora Julissa Villanueva incluyen también la mejora de las condiciones de vida de los privados de libertad, a través de la construcción de infraestructuras básicas, como agua, saneamiento, alimentación y salud.

Además, se implementarán programas de educación, capacitación y trabajo para los privados de libertad, con el fin de promover su reinserción social y laboral. Se buscará establecer alianzas con el sector empresarial para que brinden oportunidades de trabajo a los privados de libertad que han cumplido condena y desean reinsertarse en la sociedad.

La interventora destacó que el trabajo para recuperar la gobernabilidad en el sistema carcelario hondureño es un proceso complejo que requerirá tiempo y esfuerzo. Sin embargo, aseguró que están comprometidos en lograr una transformación profunda y duradera en el sistema penitenciario, que permita garantizar los derechos humanos de los privados de libertad y la seguridad de la sociedad en general.

Estas son medidas importantes para asegurar la identificación adecuada de los privados de libertad y prevenir la suplantación de identidad. La implementación de registros dactilares, odontológicos, indiciarios y genéticos puede ser una herramienta valiosa para la identificación precisa y el seguimiento de los privados de libertad. Sin embargo, también es importante garantizar que se respeten los derechos humanos y la privacidad de los individuos durante la recopilación y el uso de estos datos.